Gonzalo Ruiz, economista asociado de Macroconsult<\/p>\n
En las pr\u00f3ximas semanas deber\u00e1n designarse nuevos presidentes de organismos reguladores. Es imprescindible que en estos procesos primen criterios t\u00e9cnicos y meritocr\u00e1ticos. Afortunadamente, la Ley Marco de Organismos Reguladores establece vallas m\u00ednimas para el perfil de dicho cargo como el tener 10 a\u00f1os de experiencia profesional, 3 a\u00f1os de experiencia en cargos de gesti\u00f3n ejecutiva y 5 a\u00f1os de experiencia en materias relacionadas con la competencia del organismo regulador.<\/p>\n
Aunque siempre pueden ser perfectibles, estos procesos de selecci\u00f3n se han venido desarrollando de manera razonable durante los \u00faltimos a\u00f1os; y han contado con el concurso de un grupo importante de profesionales especializados en cada sector. Sin embargo, \u00e9ste proceso corre el peligro de verse afectado, por una reciente iniciativa legislativa (Proyecto de Ley 572\/2021) que pretender\u00eda evitar las llamadas \u201cpuertas giratorias\u201d en la designaci\u00f3n de funcionarios. Actualmente, los presidentes de organismos reguladores, como otras autoridades del gobierno, est\u00e1n impedidos de prestar servicios, representar, celebrar contratos, entre otros, con empresas privadas comprendidas en el \u00e1mbito de su funci\u00f3n; hasta despu\u00e9s de un a\u00f1o de cesar sus funciones. El proyecto plantea extender este plazo a 3 a\u00f1os. Adem\u00e1s, a\u00f1ade como impedimento, el haber tenido alguna vinculaci\u00f3n de similar naturaleza, durante los 3 a\u00f1os previos a la designaci\u00f3n.<\/p>\n
Si bien el objetivo de estas limitaciones e impedimentos es preservar la necesaria imparcialidad e independencia de los funcionarios p\u00fablicos que desempe\u00f1an dichas funciones; el dise\u00f1o de estas regulaciones debe ponderarse con la atracci\u00f3n de los mejores cuadros t\u00e9cnicos, ofreciendo condiciones que compensen adecuadamente a estos profesionales por su costo de oportunidad.<\/p>\n
Un estudio de OECD elaborado en 2015, revel\u00f3 que el 66% de sus pa\u00edses miembros establecen per\u00edodos de \u201ccongelamiento\u201d (\u201ccooling off\u201d) para funcionarios p\u00fablicos, impidiendo que estos puedan tener alguna relaci\u00f3n con empresas que han operado bajo su mandato. En varios de estos pa\u00edses, sin embargo, los funcionarios perciben una compensaci\u00f3n del Estado durante este periodo. En Espa\u00f1a, por ejemplo, dicha compensaci\u00f3n puede representar el 80% de la remuneraci\u00f3n percibida durante su gesti\u00f3n.<\/p>\n
En contraste, con mucho menos frecuencia (menos del 20% de los pa\u00edses de la OECD) se observa el establecimiento de impedimentos formales a profesionales que hayan tenido alguna relaci\u00f3n previa con la industria. En estos casos, adicionalmente a las incompatibilidades establecidas en la ley (no tener acciones, relaci\u00f3n contractual o comercial con empresas bajo competencia del organismo), actualmente en el Per\u00fa, se exigen mecanismos como la obligaci\u00f3n de presentar declaraci\u00f3n de intereses o de abstenci\u00f3n en casos en los que se detecten potenciales conflictos.<\/p>\n
Sin duda todos estos mecanismos pueden perfeccionarse, sin embargo, de aprobarse la propuesta planteada por el proyecto de ley, el inter\u00e9s de profesionales calificados y con experiencia en el sector en postular se reducir\u00e1 significativamente. Debe mencionarse que ninguno de los informes de diagn\u00f3stico, elaborados recientemente por la OECD, sobre los organismos reguladores peruanos, ha mencionado las \u201cpuertas giratorias\u201d como un problema que afecte el funcionamiento de estas organizaciones.<\/p>\n
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